Sobre la plataforma de los tubos de la desalinizadora se
construirá un espacio público de 6.700 m2
La
Generalitat ha aprobado ceder gratuitamente, y por 30 años,
al Ayuntamiento de Torrevieja la plataforma del dique de Poniente para
construir un paseo. A cambio, la Administración local se compromete a correr con
los gastos de mantenimiento, limpieza y conservación del futuro espacio
público. Por su parte, la
Administración autonómica tiene las competencias sobre el
recinto portuario y cualquier actuación que le afecte requiere de una concesión
administrativa previa. La
Conselleria de Transportes ha dado su visto bueno a esa
concesión de los 6.740
metros cuadrados que ocupa esta plataforma a lo largo
del dique de Poniente. Un espacio resultante de las obras de la desalinizadora
-bajo esa estructura discurren los tubos que captarán las aguas y los de
vertido de salmueras de la planta-.
El presupuesto del paseo es de 1,3 millones de euros y, en
un principio, según ha anunciado el Ayuntamiento en varias ocasiones, la
inversión corre a cuenta de la
Acuamed, la sociedad estatal que construye desde 2007 la
desalinizadora más grande de Europa en la ciudad. Ese proyecto, como la
reurbanización del barrio de San Roque, forman parte del plan de restitución
por el impacto de esa planta para obtener agua potable del mar. Cuando la
adjudicación de las obras sea una realidad -en un expediente que todavía no se
ha iniciado- estas tendrán un plazo de ejecución de cinco meses, según
especifica la resolución. El paseo, de unos 700 metros de longitud,
contará con mobiliario urbano y áreas de descanso, alguna de ellas protegidas
con pérgolas.
El director general de Transportes y Logística, Vicente
Lacruz, entiende en su resolución que el paseo, en paralelo a la cinta de
transporte de sal, no entorpecerá la actividad portuaria y da el visto bueno
recordando que Torrevieja "es un municipio turístico y que la actividad a
la que se destina a la obra solicitada es un atractivo más para el
puerto".
Diligencia
La
Generalitat ha resuelto con rapidez este expediente de concesión.
Acuamed y la contratista de la desalinizadora, Acciona, esperaron 31 meses para
la concesión para el mismo espacio que le permitiera instalar los tubos de la
desalinizadora. Tanto el gobierno local como el de la Generalitat (PP) se
mostraron en contra de la planta aprobada por el anterior gobierno socialista
por su impacto ambiental y gran consumo energético necesario y reclamaron entre
2007 y 2011 su paralización, también por la vía judicial. Con la llegada al
gobierno central de Mariano Rajoy la concesión del Consell se hizo efectiva. En
este caso la Generalitat
ingresará 1,2 millones de euros anuales de canon por el uso del dominio
público. El equipo de gobierno, que llegó a prohibir varias acciones
informativas de Acuamed sobre la planta, ha anunciado estas obras de la mano de
sus gerentes en tres ocasiones desde 2011.
Fuente: www.diarioinformacion.com