A menos de un mes vista de la entrada en vigor del
certificado energético obligatorio para viviendas que se quieran comercializar
(1 de junio de 2013), el PP ha enumerado el tipo de infracciones al respecto y
sus correspondientes sanciones. Desde leves a muy graves, desde 300 a 6.000
euros -cantidad máxima que incluso puede incrementarse-.
Una falta leve, por ejemplo, será intentar vender o alquilar
un piso sin hacer mención a su calificación.
Las casas deberán llevar una etiqueta como la de los
electromésticos.
El PP ha incorporado a través de sendas enmiendas al
proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas el listado
de infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los
edificios y el régimen sancionador.
De este modo, se considerarán infracciones muy graves
falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar
como técnico certificador o agente independiente autorizado para el control de
la certificación sin contar la habilitación pertinente, y publicitar en la
venta o alquiler de edificios o parte de edificios una certificación que no
esté respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado.
Las infracciones graves serán incumplir la metodología de
cálculo del procedimiento básico para la certificación, no presentar el
certificado ante la comunidad autónoma para su registro, no incorporar el
certificado de eficiencia energética de proyecto en el proyecto de ejecución
del inmueble, exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado
real, y vender o alquiler un inmueble sin que el vendedor o el arrendador
entreguen el certificado en vigor al comprador o arrendatario.
Finamente, constituirán infracciones leves publicitar la
venta o alquiler de edificios o unidades de edificios que deban disponer de
certificado sin hacer mención a su calificación, no exhibir la etiqueta de
eficiencia cuando es obligatorio o exhibir una sin el formato y contenido
mínimos, expedir certificados sin la información mínima, incumplir las
obligaciones de renovación o actualización de los certificados, no incorporar
el certificado en el Libro del Edificio y publicitar la calificación del
proyecto cuando ya existe la del edificio terminado.
Las comunidades autónomas tendrán las competencias
Además, será infracción grave la reincidencia, cometer una
infracción leve si el año anterior se hubiera impuesto al infractor una sanción
firme por el mismo tipo de infracción, y será muy grave si durante los tres
años anteriores se hubiera impuesto una sanción firme por la misma actuación.
Las comunidades autónomas tendrán las competencias en esta materia, que
afectará a las personas físicas o jurídicas, o a las comunidades de bienes que
las cometan "aun a título de simple inobservancia".
Con respecto a las sanciones, será de 300 a 600 euros por
las infracciones leves, de 601 a 1.000 euros por las graves, y de 1.001 a 6.000
euros las muy graves. No obstante, si el beneficio que el infractor hubiera
obtenido por la infracción fuera superior al importe de la sanción se impondrá
por un importe "equivalente" al de dicho beneficio, teniéndose en
cuenta en la graduación el daño producido, el enriquecimiento obtenido
injustamente y la concurrencia de intencionalidad o reiteración.
Las enmiendas 'populares' proponen la creación de un
registro integrado
Además, en este sentido, las enmiendas 'populares' proponen
la creación de un registro integrado en el que se recopilen las copias de todos
los informes, que los propietarios de los inmuebles deberán remitir
obligatoriamente al organismo que determine cada comunidad autónoma, así como
también los informes que acrediten la realización de las obras que sean
necesarias en cada caso.
El PP alega que "es preciso que exista un mecanismo que
permita aglutinar la información" de los Informe de Evaluación de los
Edificios (IEE), registro que deberá pasar por las comunidades autónomas, que
son los que tienen las competencias en urbanismo y vivienda. Toda la
información deberá estar coordinada para ser transmitida a la Administración
General del Estado.
Fuente: elMundo.es
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